La firma de los acuerdos de paz de 2016 supuso un paso adelante de cara a la resolución del conflicto en el norte de Malí y estableció las bases para un retorno progresivo de las poblaciones y la rehabilitación de las infraestructuras y los servicios públicos en el norte del país. Sin embargo, la ruptura de estos acuerdos a lo largo de 2017 perpetúa las hostilidades entre diferentes grupos rebeldes y yihadistas. Como consecuencia, en amplias zonas del Norte (Kidal, Gao y Tombuctú) se ha observado un deterioro importante a lo largo del año de la situación de seguridad, lo cual ha dificultado seriamente el acceso humanitario a las poblaciones más vulnerables.

En términos de vulnerabilidad, la situación sigue caracterizada por un gran número de casos de desnutrición en el sur e importantes tasas de desnutrición e inseguridad alimentaria en el norte. La inseguridad alimentaria y nutricional están provocando el desplazamiento forzoso de la población, y 4 100 000 personas necesitarán asistencia alimentaria en 2018 (prácticamente la mitad de ellas en las regiones de Koulikoro, Sikasso y Ségou).

Los retos humanitarios siguen siendo, por lo tanto, enormes en Malí. Es necesario cubrir las necesidades más urgentes de la población pero sin olvidar que es necesario aportar soluciones a los problemas estructurales. Todo ello en un clima de inseguridad, difícil acceso humanitario, debilidad institucional y fuerte disminución de fondos humanitarios.