Muttur: el crimen que continúa impune

El 4 de agosto de 2006, 17 de nuestros cooperantes fueron atacados por las fuerzas gubernamentales de Sri Lanka mientras estaban en la oficina, fueron asesinados mujeres y hombres que trabajaban para ayudar a las víctimas del tsunami.

Los 17 trabajadores humanitarios fueron ejecutados a sangre fría, con una bala en la cabeza. Las víctimas, que no solo fueron asesinados por las mismas personas que debían protegerlos, estaban amparadas por el derecho internacional humanitario (los Convenios de Ginebra que establecen que en tiempos de guerra deben respetarse algunas reglas básicas, tales como la protección de civiles o de organizaciones humanitarias), y por la comunidad internacional. Estos asesinatos constituyen un crimen de guerra.

Este drama no solo ha provocado 17 víctimas, también tuvo un impacto en la población con necesidad de asistencia humanitaria. En 2005, nuestros equipos brindaron apoyo a más de 100.000 personas. Dos años después de la matanza, dejamos de trabajar tras estar 12 años en el país.

El gobierno de Sri Lanka ha fallado en sus deberes de protección y justicia. En 2009, una Comisión de Investigación, creada específicamente para investigar las violaciones de los derechos humanos, incluido este delito, encontró culpables a los Tigres Tamiles, sin llevar ante la justicia al ejército.

A nivel internacional, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió su dictamen sobre la matanza de nuestros 17 trabajadores humanitarios como parte de un informe de investigación sobre los crímenes llevados a cabo durante la guerra civil en Sri Lanka. Informe que concluye la clara responsabilidad de la policía en este crimen. En 2014, el Consejo pidió crear explícitamente un Tribunal Especial de carácter internacional que investigara el caso y hacer justicia después de tantos años de impunidad. Por desgracia, a pesar de que esta solicitud fue aprobada por las Naciones Unidas, el gobierno de Sri Lanka todavía no la había llevado a cabo.

En marzo de 2017, el gobierno consigue un plazo adicional de un año para crear el tribunal: el delito continúa sin ser perseguido y pone en cuestión la realidad y la integridad de la justicia y la política en el proceso de reconciliación que vive el país. De hecho, Sri Lanka niega la incorporación de jueces internacionales en el futuro mecanismo judicial. La matanza Muttur es reconocido por el Consejo de Derechos Humanos como un caso emblemático de las violaciones cometidas durante la guerra. Sin embargo, no es una prioridad en la agenda de la justicia. Esta indiferencia y el menosprecio de las normas internacionales, así como la impunidad de los autores de este atroz crimen son una vergonzosa señal hacia los países donde la población y los actores humanitarios se enfrentan a los mismos riesgos y crímenes.

Hoy en día, los países donde los trabajadores humanitarios están más amenazados por la violencia y los ataques son los que necesitan ayuda humanitaria de manera más urgente. La impunidad que prevalece en el caso de Muttur no es aislada. Es un triste ejemplo que demuestra que ningún trabajador humanitario, y por lo tanto ningún civil, está completamente protegido.

Desde Acción contra el Hambre hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga más de su parte para proteger a los trabajadores humanitarios, y que se cree la figura de un relator especial encargado de la mejora de la protección de la acción humanitaria.

Once años más tarde que no nos olvidamos de ellos y no cejaremos en nuestro empeño hasta que se haga justicia: Sr. I. Narmathan Muralitharan, R. T. Arulrajah Pratheeban, A. G. Jaseelan Kavitha K. Kovarthani, V . Kokilavathani S. Romila Sr. Ketheswaran Sr. Rishikesan, SP Anantharajah G. Sritharan, S. Koneswaran, S. Ganesh, Y. Kodeeswaran ALM Jawffar.