La falta de saneamiento básico amenaza la salud pública de los refugiados sirios en Líbano

Tras siete años de conflicto y sin un estatus oficial de refugiados, el acceso a agua segura y saneamiento básico se ha convertido en una emergencia en un país con un millón y medio de refugiados. Desde Acción contra el Hambre trabajamos para reforzar con fondos de la cooperación española y sueca estos servicios básicos para cerca de 3000 personas en el valle del Bekaa.

En Líbano, el segundo país con mayor número de refugiados sirios, la población ha aumentado un 25% desde 2011, lo que supone una grave presión sobre servicios básicos como el suministro de agua y la gestión de aguas residuales que ya eran débiles tras décadas de inversión insuficiente y guerra civil. No siendo un país signatario de la Convención sobre Refugiados, el 38% de los refugiados todavía vive en asentamientos informales, dependientes de asistencia integral. La política general del Gobierno del Líbano exige que los servicios de agua y saneamiento para esos asentamientos sean temporales.

Hasta la fecha, el número de sitios informales asciende a 5.113, la mayoría en el valle de Bekaa, donde se encuentra el 65% de los asentamientos en el Líbano. Desde mayo, hay aproximadamente 240 asentamientos (alrededor de 7500 personas) que no reciben ningún tipo de apoyo de agua, saneamiento e higiene en esta región, aumentando aún más su vulnerabilidad. Una falta de provisión de servicios que tiene el potencial de producir una emergencia para estas poblaciones, que se vean obligadas a desplazarse de nuevo, erosionándose significativamente la estabilidad social.

Nuestros equipos sobre el terreno y las evaluaciones llevadas a cabo indican que las poblaciones beneficiarias continuarán sufriendo una degradación de su situación, con riesgos crecientes de brotes de enfermedades en los asentamientos, especialmente para la población más vulnerable, como ancianos y niños.

“La mayor parte de actores humanitarios nos hemos visto obligados a reducir su distribución de 35 a 15 litros por persona por día para las zonas que únicamente tienen acceso a agua que no sea mediante camiones cisterna. En sitios con acceso, la cantidad se ha reducido a 10 litros, muy por debajo de los estándares mínimos”, señala Edgar Barata, coordinador de agua, saneamiento e higiene de Acción contra el Hambre en Líbano. Con estas reducciones, la población prioriza su uso del agua y no tiene suficiente para lavarse después de usar el inodoro, garantizar su higiene personal, lavar la ropa, etc.

Capacidad de respuesta local
La población refugiada en los asentamientos informales ha adoptado diferentes mecanismos de adaptación a lo largo de los años, pero la abrupta escasez de servicios básicos agravará su situación. “En el corto plazo, la consecuencia más inmediata se traduce en términos de mayores costos y riesgos para la salud ambiental. Es probable que estas consecuencias directas produzcan impacto en la salud, condiciones psicosociales, medios de vida, protección y estabilidad social de la población afectada, tanto refugiada como de acogida” apunta Barata. “El acceso a los servicios básicos, la higiene ambiental y el saneamiento son factores de estrés para la tensión social. Las presiones sobre los recursos hídricos y el impacto ambiental de los asentamientos sirios han aumentado de forma considerable las tensiones en algunas zonas, lo que aumenta el riesgo de desalojo forzoso.”

Impacto económico
Algunas personas ya estaban comprando cantidades adicionales de agua antes de la reducción y ahora tienen que comprar incluso más agua para ellos mismos, aumentando los gastos diarios e impactando en su sustento. La compra de agua tampoco está controlada y, a menudo, es de muy mala calidad con un posible impacto en la salud de los beneficiarios. También se reduce el impacto de la ayuda humanitaria cuando las personas mezclan agua segura (entregada por ONG) y agua insegura en los mismos contenedores.

“Desde Acción contra el Hambre buscamos responder a esta situación para proporcionar el nivel más básico de asistencia a estas poblaciones y garantizar su derecho a agua potable y saneamiento, reforzar la estabilidad social, y abordar esta situación de emergencia antes de que llegue a niveles de crisis”, afirma Edgar Barata.