Intercambio de ideas para favorecer la inclusión sociolaboral de personas migrantes
Acción contra el Hambre ha reunido en una jornada online a profesionales de organizaciones sociales, empresas y servicios públicos para conocer distintos modelos de integración laboral y la necesidad de actuar de manera conjunta para que esta crisis sanitaria no dejé atrás a las personas migrantes. Este evento se enmarca dentro de las actividades del proyecto Europeo MILE (Migrants Integration in the Labour market in Europe) y del que Acción contra el Hambre participa.
La jornada ha comenzado con Paco Camarasa, secretario general de ACEDE (Asociación Catalana de Ejecutivos Directivos y Empresarios, también socio del proyecto MILE), que ha explicado que el 70% de las pequeñas y medianas empresas ofrecen servicios mínimos o, incluso, están completamente paradas por la COVID-19. “Estas empresas precisan recibir ayudas para recuperarse y crear empleo”, ha señalado Camarasa. Para esa contratación, “es necesario involucrar a las empresas en los proyectos de inclusión sociolaboral desde el inicio y por parte la administración pública ofrecer más incentivos y reducir los trámites para facilitar la contratación de personas migrantes ”.
En la misma línea ha hablado Jordi Garrell, delegado de Cataluña de Acción contra el Hambre, al recordar que “esta pandemia es un reto global que debemos afrontar con una perspectiva global desde las propias institucionales, entidades y ciudadanía porque nadie puede quedar atrás”. Garrell ha señalado que la mayoría del trabajo informal está liderado por migrantes y mujeres, que son los públicos más afectados por las restricciones de movilidad del estado de alarma.
Las personas migrantes, golpeadas por el desempleo y la falta de ingresos
Con esta crisis sanitaria, las organizaciones humanitarias, como Acción contra el Hambre, han detectado un cambio en la intervención de los servicios sociales: “el apoyo está siendo redirigido a cubrir necesidades de primer nivel como la alimentación y todos los procesos legales de obtención de asilo, primeras citas o citas policiales han quedado totalmente paralizadas”, ha dicho Laura Campos, trabajadora social del programa “Bienvenidas refugiadas”.
Daouda Dieye, presidente del sindicato popular de vendedores ambulantes de Barcelona, ha recalcado que “el colectivo migrante irregular necesita más apoyo institucional para poder atender a sus necesidades básicas”. Dieye ha explicado que “nosotros mismos hemos creado un banco de alimentos para los vendedores ambulantes y un taller de confección de batas y mascarillas que repartimos a la población más vulnerable”. Diaye ha añadido que “al igual que Portugal que ha regularizado a las personas migrantes, España también lo debería hacer y modificar la ley de extranjería para mejorar las condiciones este colectivo”.
Empresas comprometidas con la integración laboral
Alba Rocabert, trabajadora de la ETT AMIGA (única ETT social del territorio español), ha señalado la importancia de fomentar la responsabilidad social corporativa en las empresas y las contrataciones responsables, incluso con la actual situación. “Con el sector empresarial hemos visto dos tipos de escenario por la COVID-19. Por un lado, empresas que han reducido a gran escala su productividad y, por otra parte, aquellas que han visto un incremento de las demandas (producción alimentaria, limpieza, logística, etc)”, ha indicado Rocabert. Esta crisis, ha expresado Rocabert, ha puesto en el centro a sectores económicos que habían sido invisibilizados o poco valorados como es el sector servicios y de cuidados.
Las personas asistentes a este evento han concluido que para conseguir esa integración laboral del colectivo migrante se debe agilizar el proceso de regularización y contar con una mayor coordinación entre el sector publicado, privado y tercer sector.