La crisis alimentaria se agrava en América Latina

Durante los últimos años, los países de América Latina han tenido que enfrentar importantes desafíos. La pobreza aumenta de manera constante desde 2015, y lo mismo ocurre con el hambre, que cada año afecta a más personas. En este contexto, la región ha enfrentado los mayores movimientos de personas nunca registrados, se han producido desastres naturales de gran impacto y ha sido la zona del mundo más golpeada por los efectos de la pandemia. Como consecuencia, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria se ha casi triplicado en los últimos 3 años (OCHA). Ahora, la nueva crisis global será particularmente aguda para las familias latinoamericanas.

Como señala el Grupo de Respuesta a Crisis Globales de Naciones Unidas (GCRG), nos encontramos ante la mayor crisis del coste de la vida del siglo XXI, provocada por el aumento de los precios de los alimentos (+22,8% según la FAO), de la energía (+50%), de los fertilizantes (que duplican el promedio 2000 – 2020) y del transporte (el marítimo, por ejemplo, triplica el promedio prepandemia). Este aumento de los precios se retroalimenta y provoca inflación y aumento de los tipos de interés, lo que a su vez merma la capacidad de inversión de gobiernos ya endeudados y el poder adquisitivo de las familias.

La capacidad de las personas para hacer frente a esta nueva crisis es cada vez menor: según la CEPAL, en 2022 la incidencia de pobreza regional alcanzará entre el 33% y el 33,7%, mientras la pobreza extrema afectará al 14,5% o al 14,9% de la población, según se estime la inflación. Por otro lado, la fuerte desaceleración de la actividad económica y la inflación tendrá un efecto sobre los mercados laborales, impulsando al alza la desocupación en 2022 (CEPAL). Esto afecta más a las mujeres, que son quienes han sido expulsadas en mayor proporción del mercado laboral durante la pandemia. También son las mujeres las que sufren más hambre en América Latina, que es la región del mundo con la mayor brecha de género en inseguridad alimentaria moderada o severa, según confirma el Panorama mundial de seguridad alimentaria y nutricional 2022 (SOFI). En el mismo informe, vemos como sigue aumentando la inseguridad alimentaria moderada o severa, que ha alcanzado en 2021 al 40,6% de la población de la región, el porcentaje más alto de los últimos 7 años.

En este entorno, preocupan espacialmente los efectos que pueda tener el aumento de los precios de los fertilizantes, ya que América Latina es una de las regiones del mundo con menor capacidad de autoabastecimiento. De hecho, el 78% de los fertilizantes utilizados en la agricultura son importados, siendo la Federación Rusa uno de los principales proveedores, según datos de la CEPAL. Considerando que el precio de los fertilizantes incide significativamente en los costos agrícolas (desde cerca del 20% en el caso arroz, papas y caña de azúcar hasta el 40% en el caso de maíz amarillo y café), habrá un efecto inmediato en la generación de ingresos de los pequeños productores agrícolas, pero a mediano y largo plazo esta coyuntura puede llevar a que el problema actual de acceso a alimentos se vuelva un problema de disponibilidad en algunos territorios.

Los gobiernos también se encuentran en una peor situación para hacer frente a esta nueva crisis: la CEPAL ha revisado a la baja el crecimiento económico de la región, mientras los gobiernos se enfrentan costes de respuesta y recuperación de los desastres naturales y a una capacidad reducida de activar programas de protección social después de la importante inversión realizada durante la pandemia.

Este contexto provocará mayor violencia y tensiones sociales (como acabamos de ver en Ecuador), y serán las familias más frágiles las que sufrirán más esta crisis: los altos precios de energías y alimentos afectan de manera desproporcionada aquellas familias que dedican la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos. Estas familias muy pobres, y aquellas que se encuentran muy próximas a la línea de la pobreza, comienzan a tomar decisiones difíciles: “reducir las comidas o la calidad de las mismas, abandonar las escuelas o reducir el gasto sanitario. A menudo estas decisiones afectan más a las mujeres y a las niñas. Estas decisiones tienen efectos preocupantes a largo plazo, desde el aumento de los niveles de pobreza hasta el incremento de la desigualdad” (GCRG).

Es por esto que el Grupo de Respuesta a Crisis Globales de Naciones Unidas alerta “que entre 1.600 y 1.700 millones de personas viven en países gravemente expuestos a al menos uno de los tres canales de transmisión de la crisis (el aumento de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de la energía y la restricción de las finanzas). Lo más preocupante es que 1.200 millones de personas viven en países expuestos las tres dimensiones a la vez”. Por lo menos 19 países de América Latina enfrentan esta triple afectación.

En esta misma línea, el Boston Consulting Group (BCG) ha publicado un análisis del nivel de exposición de cada país, combinando el nivel de riesgo con los siguientes factores determinantes: la carga de deuda, la tasa de inflación, la importación de alimentos y fertilizantes, la seguridad alimentaria, el riesgo climático, los conflictos en curso y  los disturbios por alimentos en 2007-08.

En base a este análisis, se identifican 45 países de todo el mundo que estarán gravemente expuestos al impacto de la actual crisis alimentaria. Entre ellos: GUATEMALA, VENEZUELA, COLOMBIA Y PERÚ Y EN MENOR GRADO HONDURAS Y NICARAGUA.

“La clasificación como país de alto riesgo refleja la exposición a una serie de factores potencialmente perjudiciales. Prácticamente todos los países de esta clasificación se enfrentan a graves niveles de pobreza extrema, agravados por los actuales retos económicos y sociales asociados a la pandemia de COVID-19. Otros factores son la fuerte dependencia de las importaciones de alimentos, las elevadas facturas de importación, la alta inflación, la elevada carga de la deuda, los riesgos climáticos y los disturbios civiles. Esta tormenta perfecta de factores significa no sólo que se trata de una crisis a corto plazo, sino también que cualquier recuperación en los próximos dos años podría ser poco probable” (BCG).

Es imprescindible que los donantes, que tan activamente se han implicado en la respuesta a la pandemia y a los movimientos migratorios, no dejen de apoyar la región. Este es el momento de redoblar esfuerzos y revertir el preocupante estancamiento en la cobertura financiera de los Planes de Respuesta Humanitaria, que actualmente se queda entre el 10% y el 17% (OCHA). Por otro lado, es importante que la comunidad humanitaria y los actores locales trabajen juntos para mejorar la disponibilidad de datos, con el fin de acertar y enfocar la respuesta humanitaria hacía los que más lo necesitan, sobre todo en un contexto global con más necesidades que nunca. De la misma manera, es imprescindible que entre todos mejoremos la calidad del análisis de las necesidades humanitarias (Humanitarian Needs Overview - HNO) y la priorización de las acciones en los Planes de Respuesta Humanitaria, especialmente en aquellos países donde este ejercicio es relativamente reciente.