Somalia: la violencia del exilio

Tras 20 años de inestabilidad política, violencia y la privación de los derechos de los somalíes, el conflicto continúa en el centro y sur de Somalia. Hasta ahora, la comunidad internacional y las diversas autoridades somalíes no han asumido sus responsabilidades con la población civil, principal víctima de esta inseguridad crónica.

Proteger a las personas desplazadas
Con más de un millón de desplazados sobre territorio somalí, la respuesta de emergencia debe centrarse en su protección, de manera que su seguridad, sus derechos y su dignidad estén garantizados.“La asistencia humanitaria inmediata debe ir acompañada, financiada y mantenida por un apoyo a largo plazo para proporcionar los medios necesarios para el auto sustento de la población”, explica Isabelle Roubeix, directora regional de operaciones de Acción contra el Hambre.

A día de hoy no se ha encontrado ninguna solución sostenible para responder a las necesidades de los desplazados ya que  la inseguridad no les permite, en la mayoría de los casos, regresar a sus hogares. La mayoría son desalojados de un campamento a otro, aumentando así su vulnerabilidad y violando sus derechos más esenciales. Estas expulsiones deben finalizar de inmediato si no cuentan con el consentimiento libre de las personas desplazadas y si no se hacen en lugares adaptados con los servicios básicos mínimos. “Mientras estos servicios no funcionen, el regreso de las poblaciones desplazada y refugiada, como es el caso en el campo keniano de Dadaab donde viven 332.000 Somalíes, no es una opción”, añade Isabelle Roubeix.

A esta situación se suma el retorno de los somalíes refugiados en Yemen que huyen de los bombardeos para volver a su país, que no cuenta no cuenta con los medios y recursos necesarios para recibirlos.

Zonas rurales inaccesibles para las ONG
La gran mayoría de población desplazada son agricultores, por lo que son las zonas rurales hasta donde debería llegar la asistencia, áreas inaccesibles para las organizaciones humanitarias en el centro y el sur de Somalia.

El acceso de la población a los servicios básicos, así como el de las organizaciones no gubernamentales  hasta los desplazados deben ser respetados y facilitados por todas las partes involucradas en el conflicto.

También es importante señalar que la aplicación de normas administrativas relacionadas con la lucha contra el terrorismo con un cierto número de proveedores de fondo representa un riesgo de persecución judicial para las organizaciones que trabajan en los territorios controlados por los grupos definidos como “ terroristas” por la comunidad internacional. Estas normas son contrarias a los principios de humanidad e imparcialidad de las organizaciones humanitarias y representan un gran obstáculo para su acceso a las poblaciones rurales.

Una politización de la ayuda que debe acabar
Durante años, la asistencia humanitaria en Somalia está muy politizada por todas las partes del conflicto. Manipulada, la ayuda se ha convertido en una palanca política para favorecer a ciertos grupos o utilizar las necesidades básicas de la gente, la comida, por ejemplo, como táctica de guerra. Es esencial que la asistencia humanitaria deje ser estar politizada y los civiles sean protegidos.